En medio de asesinatos, narcotráfico, protestas, desconfianza institucional y una profunda crisis política, una generación de jóvenes decidió escribir una nueva página de la historia. Lo que comenzó como una papeleta que oficialmente ni siquiera existía terminaría transformando la arquitectura jurídica y democrática de Colombia.
Cuando un país decidió cambiar las reglas del juego
Hay momentos en la historia de una nación en los que las instituciones parecen quedarse pequeñas frente a los problemas que debe enfrentar la sociedad.
Colombia llegó a finales de la década de 1980 en uno de esos momentos.
El país estaba golpeado por el narcotráfico, el terrorismo, el asesinato de dirigentes políticos y una violencia que parecía extenderse por distintos rincones del territorio. La muerte de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Jaime Pardo Leal convirtió la crisis política en una herida nacional.
Pero mientras la violencia parecía cerrar las puertas del futuro, algo inesperado comenzó a crecer entre los jóvenes.
En universidades públicas y privadas surgió un movimiento estudiantil que llegó a una conclusión tan sencilla como revolucionaria: si las reglas del país ya no respondían a la realidad, había que cambiarlas.
Así nació la idea de la Séptima Papeleta.
En las elecciones del 11 de marzo de 1990, los colombianos recibieron seis papeletas oficiales para elegir distintos cargos públicos. Los estudiantes propusieron depositar una séptima, esta vez para expresar el deseo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
No era, inicialmente, un voto oficial.
Pero millones de colombianos decidieron hacerlo.
La Registraduría no podía contabilizar aquella papeleta como una elección oficial, pero tampoco impidió que los ciudadanos la depositaran. La Corte Suprema de Justicia terminaría reconociendo la expresión de esa voluntad popular y abriría el camino jurídico para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. (Wikipedia)
La pequeña papeleta se convirtió entonces en algo mucho más grande:
la puerta de entrada a una nueva Constitución.
La aventura de escribir un nuevo país
Del fracaso de las reformas al nacimiento de una nueva esperanza
La Séptima Papeleta no apareció de la nada.
Durante los años anteriores habían existido diferentes intentos de reformar las instituciones colombianas. El gobierno de Virgilio Barco, por ejemplo, impulsó una reforma política que buscaba modificar las reglas constitucionales, pero el proceso terminó bloqueado.
El fracaso de aquellas iniciativas dejó una pregunta flotando en el ambiente:
¿Y si el problema no era reformar algunos artículos, sino construir nuevamente las reglas fundamentales del Estado?
La respuesta comenzó a tomar forma en 1990.
A la movilización estudiantil se sumaron sectores políticos y sociales que veían en una Asamblea Constituyente una posibilidad de abrir el sistema político a nuevos actores.
Y entonces ocurrió otro acontecimiento decisivo.
El M-19, una organización guerrillera que había protagonizado buena parte de la historia política y armada de Colombia, avanzó hacia su desmovilización y posterior incorporación a la vida política legal.
El proceso de paz y la transformación constitucional terminarían encontrándose en un mismo escenario.
Colombia no solamente estaba intentando cambiar su Constitución.
También estaba intentando cambiar la manera de resolver sus conflictos.
La Séptima Papeleta: una revolución nacida en las urnas
El movimiento estudiantil consiguió convertir una iniciativa que inicialmente no hacía parte del proceso electoral oficial en una expresión política de enorme trascendencia.
La papeleta preguntaba, en esencia, si los ciudadanos estaban de acuerdo con convocar una Asamblea Constituyente.
El resultado extraoficial superó los dos millones de votos favorables. Posteriormente, durante las elecciones presidenciales de mayo de 1990, los colombianos participaron en una consulta formal sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario. (Wikipedia)
La historia había tomado un rumbo inesperado.
El siguiente paso fue convocar elecciones para escoger a quienes tendrían la extraordinaria responsabilidad de escribir una nueva Constitución.
El 9 de diciembre de 1990, Colombia eligió a los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente.
Fueron elegidos 70 constituyentes con voz y voto. Además, dentro del proceso de paz se incorporaron representantes de grupos guerrilleros desmovilizados con voz, pero sin voto. (Wikipedia)
La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991.
Y el escenario que apareció ante los colombianos era completamente distinto al de las instituciones políticas tradicionales.
Un salón donde antiguos adversarios tuvieron que sentarse a conversar
Uno de los aspectos más extraordinarios de la Constituyente fue su pluralidad.
Liberales, conservadores, representantes de la Alianza Democrática M-19, movimientos políticos independientes y otros sectores sociales llegaron a la misma mesa.
La dirección de la Asamblea también reflejó aquella búsqueda de equilibrio.
Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional; Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal; y Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, compartieron la presidencia de la Asamblea.
Tres hombres provenientes de mundos políticos profundamente diferentes terminaron simbolizando una de las grandes características de aquella experiencia:
la Constitución no sería escrita por una sola corriente política.
Durante aproximadamente cinco meses, los constituyentes discutieron principios, derechos, territorio, economía, justicia, participación ciudadana, organización del Estado y relaciones entre las instituciones.
La Asamblea se dividió en cinco grandes comisiones para estudiar los diferentes temas.
Cada artículo fue el resultado de discusiones, acuerdos, desacuerdos y negociaciones.
Y el tiempo corría.
Una Constitución para poner al ciudadano en el centro
La transformación más profunda de 1991 quizá pueda resumirse en una idea:
el Estado dejó de ser concebido únicamente como una estructura de autoridad y pasó a asumir explícitamente una función social y garantista.
El artículo 1 estableció una definición que cambiaría la relación entre ciudadano y Estado:
“Colombia es un Estado social de derecho”.
La nueva Constitución reconoció además que Colombia era una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.
Pero la transformación no quedó en una declaración.
La Constitución construyó un extenso catálogo de derechos fundamentales y creó mecanismos para hacerlos efectivos.
La vida, la igualdad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el debido proceso, la intimidad, la participación política y muchos otros derechos adquirieron una protección constitucional reforzada.
También aparecieron derechos sociales, económicos y culturales, así como una novedosa protección constitucional del medio ambiente.
Colombia comenzó a reconocerse constitucionalmente como una nación diversa étnica y culturalmente.
El país que aparecía en la Constitución de 1991 era mucho más plural que el que había quedado retratado en la Constitución de 1886.
La revolución silenciosa de la tutela
Quizás ningún mecanismo represente mejor el espíritu de la Constitución de 1991 que la acción de tutela.
El artículo 86 permitió que cualquier persona pudiera acudir ante un juez para solicitar protección inmediata cuando sus derechos fundamentales fueran vulnerados o amenazados.
La transformación era enorme.
Antes, muchos ciudadanos podían encontrarse frente a un Estado burocrático y distante, con procedimientos que podían resultar largos y complejos.
La tutela introdujo una idea diferente:
el ciudadano podía acudir directamente a un juez para reclamar protección constitucional inmediata.
Con el tiempo, este mecanismo se convertiría en una de las herramientas jurídicas más utilizadas por los colombianos para defender sus derechos.
Y no fue la única innovación.
La nueva Carta incorporó también mecanismos como las acciones populares, fortaleció el derecho de petición y estableció instrumentos para exigir responsabilidad patrimonial al Estado.
La Constitución comenzaba así a funcionar no solamente como un documento que organizaba el poder, sino como una herramienta cotidiana de protección ciudadana.
Una nueva arquitectura para la justicia
La transformación también llegó al sistema judicial.
La Constitución creó la Corte Constitucional, encargada de ejercer el control de constitucionalidad y de proteger la supremacía de la Carta.
También creó la Fiscalía General de la Nación, modificando profundamente la estructura de la investigación penal.
La Defensoría del Pueblo fue incorporada como una institución destinada a promover, ejercer y divulgar los derechos humanos, mientras que la organización de la Rama Judicial fue objeto de una profunda reestructuración.
Aquí conviene hacer una precisión histórica importante: aunque la Constitución de 1991 creó la Fiscalía y sentó las bases para una profunda transformación de la justicia penal, el sistema penal acusatorio colombiano no quedó plenamente implantado en 1991; su desarrollo posterior fue impulsado, entre otras reformas, por el Acto Legislativo 03 de 2002.
La transformación constitucional fue, por tanto, el comienzo de un proceso que continuaría durante las décadas siguientes.
De una democracia representativa a una democracia más participativa
La Constitución de 1886 había organizado el Estado colombiano bajo una estructura política que, con sus numerosas reformas, había sobrevivido durante más de un siglo.
La Constitución de 1991 quiso abrir más espacios para que los ciudadanos intervinieran directamente en las decisiones públicas.
El artículo 103 reconoció mecanismos como: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
La ciudadanía dejaba de aparecer únicamente como electora. Ahora también podía convertirse en protagonista de determinadas decisiones públicas. Y aquella transformación tenía una conexión directa con el origen mismo de la Constitución: la Carta de 1991 había nacido, en buena medida, de una movilización ciudadana.
El nacimiento de un Estado más plural
Uno de los cambios más trascendentales fue el reconocimiento de la diversidad.
La nueva Constitución estableció que el Estado reconocía y protegía la diversidad étnica y cultural de la Nación.
También reconoció el carácter oficial de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios y fortaleció la protección de las comunidades indígenas y otros grupos históricamente marginados.
La Colombia constitucional de 1991 comenzaba a reconocerse como un país que no tenía una sola identidad.
Tenía muchas.
Indígenas, afrocolombianos, campesinos, comunidades étnicas, minorías religiosas, organizaciones sociales y movimientos políticos encontraron nuevos espacios dentro del orden constitucional.
Incluso el territorio cambió.
Las antiguas intendencias y comisarías fueron elevadas a departamentos y Bogotá adquirió el carácter de Distrito Capital.
El ambiente también encontró un lugar en la Constitución
En 1991 apareció también una preocupación que décadas después adquiriría una importancia todavía mayor:
la protección del ambiente.
El artículo 79 reconoció el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y estableció el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.
Para un país megadiverso como Colombia, aquella disposición significó algo más que una declaración jurídica.
Representó el reconocimiento constitucional de que la naturaleza también forma parte de los intereses que el Estado debe proteger.
Y el poder también tuvo nuevos límites
La Constitución no solamente amplió derechos.
También buscó establecer controles al ejercicio del poder.
Organizó las tres ramas tradicionales del poder público —legislativa, ejecutiva y judicial— y fortaleció organismos de control.
Estableció nuevas reglas para los estados de excepción, buscando impedir que las situaciones extraordinarias se convirtieran en una puerta permanente para gobernar por fuera de la normalidad constitucional.
También fortaleció la descentralización y la autonomía territorial.
Y, en el artículo 125, estableció como regla general que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepciones constitucionales y legales.
Esta disposición tuvo una enorme importancia para la administración pública colombiana porque introdujo constitucionalmente el mérito como principio para el acceso y ascenso en numerosos empleos estatales.
La idea era poderosa:
el Estado debía pertenecer a las instituciones y a los ciudadanos, no a los partidos políticos de turno.
La noche en que nació una nueva Constitución
El 4 de julio de 1991 llegó el momento esperado.
En el Capitolio Nacional, los constituyentes proclamaron públicamente la nueva Constitución Política de Colombia.
Los tres presidentes de la Asamblea —Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff— participaron en aquella ceremonia histórica.
Pero la historia guarda aquí un detalle fascinante.
Aunque la Constitución fue proclamada y firmada públicamente el 4 de julio, el trabajo de revisión y organización del texto todavía continuaba.
El equipo encargado de la Secretaría General, bajo la dirección de Jacobo Pérez Escobar, siguió revisando y consolidando el documento hasta los primeros minutos del 7 de julio de 1991.
Es decir, la Constitución nació oficialmente en una ceremonia solemne, pero terminó de tomar forma material durante horas de trabajo jurídico y editorial.
La nueva Carta fue publicada posteriormente en la Gaceta Constitucional No. 114, el 7 de julio de 1991.
La Constitución que salió de una papeleta
La historia de la Constitución de 1991 no comenzó en un despacho presidencial.
Tampoco comenzó en el Congreso.
Comenzó, simbólicamente, con una idea que nació entre estudiantes que se negaron a aceptar que la crisis del país fuera un destino inevitable.
Una papeleta adicional.
Un voto que inicialmente no era oficial.
Una pregunta.
¿Podemos cambiar las reglas de nuestro país?
La respuesta terminó conduciendo a una Asamblea Constituyente, a una nueva arquitectura institucional y a una Constitución que transformó profundamente la relación entre el Estado y los ciudadanos.
El documento reemplazó a la Constitución de 1886 y estableció una nueva concepción del Estado colombiano: un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista.
Pero quizá la verdadera dimensión de la Constitución de 1991 no se encuentre solamente en sus 380 artículos ni en sus disposiciones transitorias.
Está en lo que ocurrió después.
Está en la persona que presenta una tutela para proteger un derecho.
En la comunidad que defiende su territorio.
En el ciudadano que presenta un derecho de petición.
En quienes participan en una consulta popular.
En las comunidades indígenas y étnicas que encuentran reconocimiento constitucional.
En el servidor público que accede a un cargo mediante el mérito.
En quien exige que una autoridad responda ante la ley.
Y también en cada colombiano que descubre que la Constitución no es únicamente un libro guardado en una biblioteca jurídica.
Es una herramienta que puede ser utilizada para defender la dignidad humana frente al poder.
Más de tres décadas después, aquella aventura iniciada en las calles y universidades de Colombia continúa.
La Constitución ha sido reformada numerosas veces. Algunas de sus instituciones han cambiado y otras han desaparecido o evolucionado. La sociedad colombiana también se ha transformado.
Pero la pregunta que dio origen a aquella historia permanece vigente:
¿Cómo construir un país donde la democracia no sea solamente votar, sino también participar, exigir derechos y transformar pacíficamente las instituciones?
En 1990, una generación de estudiantes decidió intentar responderla.
Y de aquella pequeña papeleta nació una de las mayores transformaciones políticas y jurídicas de la Colombia contemporánea.
